El intendente reelecto de Tafí del Valle, Manuel Jorge Yapura Astorga (FPV), se habría enriquecido de manera ilícita mediante el ejercicio de su cargo, y tratado de justificar su fortuna a través de su concubina, Nerina Julieta Mustafá, y de su hijo, Jorge Eduardo Yapura Astorga. Esa es la principal hipótesis del juez de Instrucción en lo Penal del Centro Judicial Monteros, Mario Velázquez, quien citó a prestar indagatoria al jefe municipal tafinisto y a sus dos familiares directos. Si el magistrado considera insuficientes las explicaciones de los imputados en esta oportunidad, Yapura Astorga podría convertirse en el primer funcionario electivo en enfrentar un juicio en la Justicia provincial por un presunto enriquecimiento ilícito.
LA GACETA envió mensajes de texto al celular del intendente de Tafí del Valle y consultó a asesores de su entorno. Yapura Astorga prefirió no contestar las consultas. Sí lo hizo su abogado defensor, Enrique Scheuermann, quien aseguró que el funcionario manzurista respaldó la adquisición de todos sus bienes en la audiencia concretada en septiembre del año pasado, también ante Velázquez.
“Cuando presentamos la manifestación de bienes quedó acreditado, mediante la abultada documentación que aportamos, que estaba todo en regla. Me llama la atención esta convocatoria”, indicó Scheuermann durante una conversación con este diario. Y aseguró estar “sorprendido” por la citación a prestar declaración indagatoria. “No he sido notificado sobre esta decisión. Tampoco sobre la de Nerina ni sobre la de Jorgito (sic), a quienes también represento. Me parece realmente una falta de respeto que los medios de prensa tengan más información que la defensa técnica (de los Yapura Astorga)”, se quejó el letrado.
El origen
La causa se originó en abril de 2015, en virtud de una denuncia conjunta del concejal Daniel Eduardo Arnedo y de Sebastián Luna, titular del partido Valles Calchaquíes. Velázquez inició la investigación jurisdiccional, en la que intervino el fiscal Jorge Ariel Carrasco. Tras analizar las pruebas iniciales y conseguir el desafuero del intendente, el juez lo citó a la audiencia prevista en el artículo 268(2) del Código Penal. En esa instancia, el magistrado recibió la documentación patrimonial aportada por la defensa. Según se supo, complementó esos datos con una pericia encomendada al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) y con informes requeridos a organismos del Estado. También consideró los dichos del contador general y de otros empleados de la Municipalidad de Tafí del Valle. “Se logra determinar (sobre la base de estos documentos) la existencia de un incremento patrimonial no justificado con respecto al imputado Manuel Jorge Yapura Astorga (...), a través de su concubina y de su hijo, a los fines de disimularlo”, redactó Velázquez en la citación a indagatoria.
El primero en declarar será el intendente, quien deberá presentarse el 13 de abril en los Tribunales de Monteros. Al día siguiente será el turno de su pareja y en la jornada posterior, el de su hijo.
Las sucesivas compras de la Municipalidad de Tafí del Valle al miniservice “Floppy III”, propiedad de Mustafá, fortalecen la hipótesis del juez sobre la presunta maniobra que habría permitido el enriquecimiento ilícito del intendente. En el expediente -de 23 cuerpos- consta una nota del contador general municipal, Julio Mercado, que indica que el miniservice “Floppy III” proveía mercaderías (artículos de limpieza, bebidas, carne y verduras). Según Mercado, se utilizaba “la figura de la cuenta corriente simple, de acuerdo a requerimientos de las distintas reparticiones que integran la Municipalidad, incluido (...) el Concejo Deliberante”.
Los expedientes de compras dan cuenta de que, en 2012, el Ejecutivo Municipal tafinisto abonó $ 126.000 a “Floppy III”; en 2013, $ 262.000; y en 2014, $ 498.000.
El juez solicitó informes a Rentas, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a otros organismos públicos para conocer la situación financiera de los sospechosos. Así, obtuvo datos según los cuales “el incremento en el patrimonio del grupo familiar en cuestión, desde la asunción de Yapura Astorga como intendente (en 2011), ascendería a la suma de $ 3,1 millones”. En la nómina de bienes figuran tierras y vehículos.
El intendente, su concubina y su hijo no conformaron a Velázquez cuando intentaron justificar esos bienes. El mes próximo tendrán una nueva oportunidad, aunque esta vez recaerá sobre la defensa la función de refutar la imputación por el presunto enriquecimiento ilícito. En la apertura de la investigación jurisdiccional, el juez plasmó un análisis que, hasta ahora, el intendente y sus familiares no lograron rebatir: “los recursos con los que habrían contado antes de la asunción de Yapura Astorga como intendente no se corresponderían con el nivel de vida que habrían desarrollado posteriormente”.